Libertad de prensa y seguridad jurídica

En Página12 se publica una entrevista a Catalina Botero Marino, la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Si bien no hay mucho para destacar de la nota, ya que es "políticamente correcto" todo lo que en ella dice, no está demás echarle un vistazo para comprobar algunas viejas costumbres que deberían superarse para que la labor de estos organismos tenga en el continente la eficacia y el respeto que se merecen.

Desde estas entidades que nacional e internacionalmente defienden y promueven la libertad de expresión siguen poniendo el acento en el papel de los Estados. Es lógico si miramos nuestra historia de censuras y periodistas muertos en manos oficiales. Pero desde el periodismo que no figura en la vidriera se sigue aguardando que una sola vez se pronuncie o se denuncie en esos foros el papel de la gran prensa privada, en democracia, en la limitación de las libertades.

Una parte de la entrevista refleja esta ausencia que quiero destacar:

Pregunta: –Desde 1999 todos los gobiernos argentinos ratificaron su compromiso de despenalizar los delitos de calumnias e injurias, pero ninguno cumplió con su palabra, y la sugerencia se convirtió este año en una orden de la Corte Interamericana, en el caso Kimel. ¿Por qué la clase política se niega a renunciar a la posibilidad de perseguir periodistas con el Código Penal?

Respuesta: –Es un fenómeno extraño. Pese a que no se condena a los periodistas, los funcionarios no quieren perder esa herramienta, como si temieran quedarse desnudos frente a la omnipotencia de la prensa. Es falso. Nadie puede estar inerme frente a acusaciones injustas, pero cualquier medida de control a la prensa debe generar el menor costo sobre la libertad de expresión. Una medida que tenga un efecto inhibitorio, a sí sea mínimo, debe replantearse. Despenalizar las calumnias y las injurias no significa caer en el reino de la mentira o el insulto. Existen mecanismos de protección del honor y la intimidad mucho más democráticos: las sanciones civiles proporcionadas. La utilización del derecho penal inhibe la crítica y la investigación. Si las figuras de calumnias e injurias no se aplican, no deberían existir.

Estamos de acuerdo pero falta algo: la prensa no quiere ese “control” de resorte judicial porque no quiere ningún control. Y no es que lo evite por defensa de la libertad de prensa, sino para alisar el camino de sus negocios periodísticos. Esta lucha no es del periodismo sino de los empresarios que tienen intereses en los grandes medios. Ese maldito resorte judicial es la única herramienta a la que se “invita” a recurrir a los actores del poder político (un fantasma, buh!) por ausencia deliberada de un tribunal del periodismo que sancione al mismo periodismo.

Ese es el gran temita que le falta mencionar a todo abogado y periodista que, con las mejores intenciones tal vez, dice luchar por la prensa sin mordazas. Los políticos, ese tabú al que mencionan como si se trataran de militares fascistas (y olvidándose de los actores corporativos que imponen la agenda periodística todos los días), se van a dejar de joder cuando la Gran Prensa Argentina se juzgue así misma, y sea capaz de hacerlo en un ámbito profesional tan puro y limpio como la pureza y limpieza que le reclama a los Estados.

Mientras tanto sucede lo que vemos todos los días: una corporación mediática que tiene licencia para casi todo, incluso para autocensurarse en sus redacciones cuando se tocan temas que atentan contra alguno de sus auspicios, y que reclama por independencia cuando en realidad busca cierto margen de impunidad para sus negocios.

La "libertad de prensa" que defiende el Gran Periodismo se ha transformado en el equivalente conceptual de "seguridad jurídica" que reclama el Gran Empresariado.