Esto sucedió ayer en la AFSCA, semanas después que el flamante Juez Horacio Cecilio Alfonso diera de baja la medida cautelar con la que el clarinista Edmundo Carbone mantenía suspendido el artículo 30 de la ley de medios, justamente el que permite la incursión de las cooperativas de servicios públicos en el rubro. En realidad, lo que hace ese artículo es establecer una excepción a la prohibición que la misma ley impone a las empresas privadas prestadoras de servicios (telefónicas, de energía, gas, etc).
Así, la CPE, que brinda los servicios de energía, telefonía e internet, entre otros, se transformó ayer en la primera cooperativa de servicios públicos del país en obtener la licencia, una de las últimas "medidas" de Gabriel Mariotto antes de alejarse de la AFSCA para asumir en la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires.
El caso de la CPE de Santa Rosa es emblemático, y conocido en todo el país (al menos en el ámbito cooperativo, aunque últimamente el periodista Víctor Hugo Morales se hizo eco de su situación luego de una visita a la entidad) por la cantidad de obstáculos que se interpusieron en su camino, iniciado hace más de 10 años. A veces desde el COMFER, pero la mayoría desde el mismísimo Grupo Clarín, que con la ayuda de jueces y funcionarios mantuvo alejada a una de las principales cooperativas argentinas de un mercado que manejaba como se le antojaba, comprando cables chicos en numerosos pueblos y ciudades del interior.
