
Los diputados de la oposición que salen en defensa del Grupo Clarín deberían tener en cuenta que también un municipio radical, el de Santa Rosa, La Pampa, le prohibió al Grupo salirse con la suya. En este caso, hacer uso de la red de cable que tendió, sin mostrar una licencia válida, en buena parte de la capital pampeana.
El tremendo quilombo en el que solito se metió el Grupo Clarín puede resumirse así:
durante años hizo lo que quiso con la anuencia de la política; ahora que alguien hace valer los papeles antes que la rosca, quedó colgado de la brocha. Es que el grupo se manejó siempre con la prepotencia de otros tantos poderosos,
política de hechos consumados que le dicen.
La cuestión es que a la red que ilegalmente puso Clarín en Santa Rosa para brindar, entre otros servicios el de Fibertel, un municipio
“radical no k” se la prohibió usar, basándose en la lucha legal que la cooperativa local lleva adelante, que utiliza argumentos administrativos y jurídicos muy parecidos a los que ahora recurre el estado nacional. Precisamente se supo de boca de funcionarios nacionales que el “esqueleto judicial” del caso Santa Rosa, se parece en mucho al temita Fibertel. (O al revés, si respetamos los tiempos). La diferencia es que la capital pampeana
“no existe” económicamente para el Grupo, realidad que no le impidió presentar amparos por multas y prohibiciones del municipio local.
Que recuerde, ningún político (oficialista u opositor) salió a defender al grupo. Por dos motivos principales: por un lado, la gente está harta del Cable (de Clarín), al que considera un ladrón de guante blanco; por otro, la CPE, una histórica cooperativa que brinda el servicio eléctrico, el de telefonía y el de banda ancha, está interesada en prestar el servicio de TV por cable, ley de medios mediante. Y todos (peronistas, radicales, zurdos y conservas) esperan con expectativa esta posibilidad, un poco por la necesidad de ruptura de un monopolio foráneo, y otro por su historia y la importante gravitación que tiene el cooperativismo en general en la provincia.
En fin, estaría bueno que el porteñaje dejara de mirarse el ombligo y busque en casos del interior del país, argumentos legales y políticos muy firmes para luchar contra esta banda de delincuentes que es, desde hace décadas, el grupo Clarín.